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Periodo entreguerras: El problema de las reparaciones y el desarme alemán

En 1921, la comisión encargada de evaluar la deuda alemana por concepto de reparaciones de guerra fijó un total de 132.000 millones de marcos oro, equivalentes a 35.000 millones de dólares. Ésta era una enorme suma de dinero que Alemania no estaba en condiciones de pagar, en opinión del economista John Maynard Keynes quien participó como representante británico en la comisión. Además, Alemania debía entregar a los Aliados toda su flota mercante, todos los ferrocarriles, y parte de su producción de carbón y hierro. Esas exigencias eran exorbitantes, sobre todo en las circunstancias por las que atravesaba Alemania que, devastada por la guerra, era reducidas sus zonas industriales y disminuida su población como resultado de la cesión de territorios a que fue obligada por los acuerdos internacionales de paz.

Desde el primer momento, Alemania se resistió a pagar las reparaciones de guerra exigidas por los vencedores y, ante la presión ejercida por éstos, el gobierno alemán buscó la ayuda de Rusia. Mediante el Tratado de Rapallo celebrado en mayo de 1922, Alemania estableció relaciones diplomáticas con el Estado soviético, con lo que pasó a ser la primera nación que reconocía al nuevo régimen bolchevique. Además, dicho tratado anulaba las cesiones territoriales otorgadas a Alemania en Brest-Litovsk, lo que confirmaba la victoria final de los soviéticos en la guerra civil. Al mismo tiempo, se efectuaron negociaciones secretas, encubiertas por el Tratado de Rapallo, que establecían relaciones militares entre los dos países mediante las cuales Alemania pudo, hasta 1933, experimentar en territorio de la Unión Soviética con el armamento prohibido en Versalles.

El tema de las reparaciones de guerra produjo divergencias entre Francia y Gran Bretaña, pues mientras la primera exigía el cumplimiento riguroso de las reparaciones, los ingleses eran partidarios de otorgar a Alemania facilidades de pago y prestarle ayuda en la reconstrucción del país. Pero no sólo este asunto provocaba tensiones entre los países europeos, sino también el de las nuevas fronteras que Alemania se negaba a reconocer. En marzo de 1920, en ocasión del estallido de una huelga general en la región del Ruhr (zona desmilitarizada entre Francia y Alemania), promovida por un dirigente ultranacionalista alemán, el gobierno de Berlín envió tropas a la región sin permiso de los Aliados; como respuesta, franceses y belgas ocuparon varias ciudades alemanas, aunque luego tuvieron que retirarse presionados por el gobierno de Gran Bretaña.

A finales de 1922, Alemania anunció que no podía pagar las reparaciones en especie -la madera prometida para los ferrocarriles y minas de Francia-, y esto fue una nueva ocasión para que los franceses insistieran en la exigencia del cumplimiento literal del Tratado de Versalles y tomara acciones al respecto. En enero de 1923, el presidente Raymond Poincaré ordenó la invasión de la cuenca carbonífera de la región del Ruhr, para obligar a que Alemania pagara las deudas de guerra. Esta acción, realizada por el gobierno francés sin consultar con sus aliados ingleses y sin tener un pleno apoyo de la opinión pública en su país, constituyó uno de los momentos críticos de la posguerra. Los alemanes adoptaron una actitud de resistencia pasiva hasta que, a finales de ese mismo año, Poincaré tuvo que acceder a la propuesta inglesa para respetar la integridad de Alemania, al retirar las tropas francesas de la región del Ruhr.

El Plan Dawes. En 1924, una comisión internacional presidida por el banquero estadounidense Charles G. Dawes presentó un plan donde se fijaban cantidades más razonables para efectuar las reparaciones de guerra y se facilitaban créditos en el extranjero, principalmente procedentes de Estados Unidos, para ayudar a Alemania a cumplir los plazos de sus pagos. El proyecto fue rechazado enérgicamente por los políticos nacionalistas alemanes por considerarlo un medio de la política estadounidense para someter Alemania a una esclavitud económica. No obstante, el canciller Gustav Stresemann consiguió el voto favorable de las dos terceras partes del Parlamento, y la propuesta fue aprobada. Con la aceptación del Plan Dawes comenzaba a reducirse la tensión internacional originada por las sanciones económicas impuestas a Alemania.

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